El aumento previsto permite alcanzar el 0,31% del PBI, como estipula la ley de financiamiento aprobada este año.

Por Nora Bär

Debería ser simple rutina, pero suena excepcional: en 2022 se cumplirá con la ley; es decir, con la inversión prevista por la Ley 27.614 de financiamiento del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. En el proyecto de presupuesto para 2022, el monto destinado a esta área ascenderá al 0,31% del PBI. Alrededor de un 0,03 % más que este año, según cómo se lo calcule. En pesos constantes y sonantes, esto se traduce en unos 187.944 millones de pesos (vs. los 119.187 millones de este año al día de hoy, porque puede haber ajustes derivados del aumento del PBI).

La ley establece una meta del 1% del PBI para 2032. En 2019, 2020 y 2021, la inversión en esta área había sido de 0,22%, 0,24% y 0,28% del PBI, respectivamente. Si se comparan las cifras iniciales de 2021 y 2022 (98.586 vs. 187.944 millones de pesos), el aumento de la función ciencia y técnica ronda el 26,1%.

En una reciente reunión con el ministro del área, Daniel Filmus, la presidenta del Conicet, Ana Franchi, el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), Fernando Peirano, y personalidades relevantes del sector, el titular de la cartera de Economía, Martín Guzmán, les manifestó su convicción de que no hay posibilidad de desarrollo sin generar conocimiento y aplicarlo a la producción. Además, les hizo saber que el PBI 2021 (estimado al presentar el presupuesto 2022, en septiembre de este año) creció más de lo previsto y que está dispuesto a aumentar las partidas para cumplir con el 0,28% que fija la ley.

“Me sorprendió muy gratamente –comenta Marcos Actis, actual vicepresidente institucional de la Universidad Nacional de La Plata, que participó del encuentro–. No es habitual que alguien de Economía esté tan compenetrado con el valor del desarrollo tecnológico”.

Las cifras mencionadas pueden sufrir ajustes debidos a variaciones que van surgiendo sobre la marcha. Desentrañar los vericuetos del plan maestro de inversiones es una tarea reservada a los entendidos. Y entre ellos, uno de los mayores expertos es el físico y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Jorge Aliaga, que viene ejercitando esta gimnasia desde hace años.

“Lo que estipula la norma es que el porcentaje debe calcularse ‘al momento de elaborar el presupuesto’ –explica–. Y ahí aparece una sutileza: se trata de una previsión, no necesariamente refleja la realidad de lo que va a pasar. Por ejemplo, se puede hacer una estimación de que el PBI va a crecer menos de lo que finalmente ocurre, determinar que el 0,31% de eso se dedicará a ciencia y tecnología, y lo que ingrese de más asignarlo a pagar deuda externa.  Eso no viola la ley. Este gobierno (y eso no era una obviedad), lo que está diciendo es que tratará de cumplir con el 0,28% del PBI real y seguir agregando partidas hasta el final”.

Es una buena noticia salvo por un detalle: si ingresan fondos ahora, quedan alrededor de 15 días hábiles para invertirlos, porque a diferencia de las universidades, que por ley pueden pasar al ejercicio siguiente los montos que no gastaron, en la administración pública nacional el dinero que no está “ejecutado” hasta el 31 de diciembre vuelve al Tesoro. Y hay iniciativas que requieren licitaciones y otros trámites burocráticos imposibles de resolver tan rápido.

“Cuando se presentó el presupuesto para este año, a la función ciencia y tecnología le correspondían 95.270.390.480 pesos. Hoy, esa cifra ya alcanza los 119.189.087.571 –ilustra Aliaga–. ¿Por qué? Porque tuvieron que aumentar las partidas de los organismos para que pudieran pagar los aumentos de sueldos que se acordaron en paritarias hasta fin de año”.

De acuerdo con el análisis de Aliaga, entre las partidas previstas, el que concentra el mayor incremento es el Ministerio de Ciencia y Tecnología (sin la Agencia I+D+I, parte de cuyo financiamiento proviene de créditos externos, ni el Banco Nacional de Datos Genéticos). En el Conicet (que recibirá 57.206 millones), la suba se debe al aumento en la cantidad de investigadores, ya que la planta de 2022 será un 20% superior a la de 2015.

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales y el INTA mantienen valores similares a los de 2021. El INTI se va recuperando lentamente. La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis-Malbrán) registra una suba abrupta, a tono con las necesidades que impuso la pandemia. La Comisión Nacional de Energía Atómica recibe el mayor incremento presupuestario de la última década.

“Somos uno de los organismos beneficiados por los grandes proyectos que tenemos entre manos y los compromisos previos –dice Adriana Serquis, presidenta del organismo, que también estuvo presente en el encuentro con el ministro Guzmán–. El [reactor multipropósito ubicado en Ezeiza] RA-10 y el Carem [el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado en la Argentina] tienen gastos que deben ser tenidos en cuenta”. Si se aprueba el presupuesto como está, la CNEA recibiría unos 38.000 millones, de los cuales 14.000 se destinarían a este último. “El 70% se volcarán a la industria metalmecánica, la cadena de pymes locales que fabrican las piezas”, destaca Serquis.

El año próximo, este organismo también concursará 89 nuevos puestos para doctores, algunos pensados para desarrollos que necesitan el Carem y el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (LAHN) que será una instalación “de clase mundial” asociada con el RA-10, que está pensado para ampliar la producción de radioisótopos de uso médico para la región.

“Como investigadora, durante más de 20 años escucho sobre la posibilidad de tener un centro de neutrones –dice Serquis–, ya que en el Hemisferio Sur el único que hay es el que instaló Invap en Australia. Y muchos de nosotros lo necesitamos para investigaciones en diferentes áreas, desde la farmacología, hasta la industria nuclear”.

Y agrega: “Ojalá se apruebe el presupuesto. Es muy importante, ya que da previsibilidad y permite que numerosas pymes puedan empezar a formar gente. Estamos intentando tener un plan estratégico claro, con algunas líneas principales hacia las cuales ‘apuntar los cañones’. Esperamos poder terminar los proyectos en un plazo razonable”.

Por su parte, Actis subraya que el aumento para el sistema científico debe repercutir en el sistema productivo.  “Por más crisis que haya, en ninguna parte del mundo bajan los presupuestos para la ciencia y la tecnología –destaca–. Si vamos a seguir vendiendo materia prima (y no hablo solo del agro, sino también del aluminio, el acero…) no vamos a salir. Hay políticas que es necesario sostener en el tiempo”.

Gracias al Programa Federal de Ciencia (creado en la reglamentación de la Ley 27.614), también habrá más de 14 mil millones de pesos para distribuir en iniciativas federales.